ARTÍCULOS

Mi foto
Nombre: Alforja Calasanz
Ubicación: Valencia, Malvarrosa, Spain

jueves, junio 29, 2006

M.Maura - Discurso sobre el Estatuto Catalán

Discurso sobre el Estatuto de Cataluña
Miguel Maura
6 de mayo de 1932
Diario de Sesiones.

Me levanto, señores diputados, con plena conciencia de la responsabilidad que sobre todos pesa al tiempo de empezar el debate del Estatuto de Cataluña. No creo que haga falta esforzarse en demostrar la importancia del tema que vamos a debatir. Desde el comienzo del siglo -me parece que fue el año 901 cuando se debatió por primera vez en esta Cámara alrededor de las bases de Manresa el tema catalán- viene este problema pesando sobre la vida pública española y viene perturbando toda la política nacional. Puede que no haya pasado una sola legislatura que no haya dedicado largos debates al tema catalán; pero siempre lo hacía alrededor de documentos que no tenían estado parlamentario o de manifestaciones de los diputados en la Cámara. Es ésta la primera vez que el Parlamento español delibera sobre este tema con un texto concreto, articulado, para votarlo y resolverlo. Y lo primero que se advierte es la necesidad de considerar brevemente las posiciones que fuera de esta Cámara adopta el país alrededor del tema. Hay tres posiciones bien definidas con respecto al Estatuto catalán fuera de la Cámara: los intransigente, centralistas sin paliativos, los que afirman que éste no es un problema nacional, que es una cosa inventada y que no hay que hablar de ella -tengo la seguridad de que dentro de esta Cámara no se alzará una sola voz sosteniendo eso-; los que de la acera de enfrente, en Cataluña, mantienen el principio del "tot o res", que suponiendo que el Estatuto votado en Cataluña, plebiscitado en Cataluña, es una cosa intangible y sagrada y dando por supuesto que las Cortes no tienen ni siquiera la facultad de enmendarle, de corregirle -supongo que tampoco tendrá esta postura aquí representación autorizada de nadie-, y luego, la tercera posición, la que yo creo que representa el común sentir de toda la Cámara, que consiste en esto: el pleito de Cataluña es un pleito que heredó la República de la monarquía envenenado, y hasta podrido, y es menester que lo resuelva y que lo haga de una vez, y para eso estamos aquí nosotros, para no levantar mano hasta resolverlo.

De modo que la esencia de la posición, yo creo que de la mayoría de la Cámara, desde luego de la mía, es ésta; yo no vengo aquí a hacer el juego a ningún extremismo de la calle, dando por supuesto que el centralismo abusivo de que había hecho alarde el Estado español ha de continuar bajo el régimen republicano; vengo a estudiar, serenamente, a conciencia y con espíritu francamente cordial, el Estatuto de Cataluña, para oponerme a lo que no me parece justo y para aceptar lo demás.

Pero las discusiones que hasta ahora se han sucedido en esta Cámara sobre el tema catalán no han sido baldías, porque, además de haber formado la conciencia pública, han ido dejando de lado, apartando del debate, algunos temas en torno a los cuales se explayaban largamente los oradores y hasta se enconaban las pasiones. Por ejemplo, el principio autonómico; la necesidad, más que la necesidad, la urgencia de que el Estado segregue funciones y servicios traspasándolos a las regiones, siempre que esas funciones y esos servicios no afecten a la unidad nacional y a la soberanía. Por ejemplo, también el famoso hecho diferencial, en torno al cual se agotaban todas las sutilezas del ingenio y de la polémica en los anteriores debates. Hoy nadie discute eso: lo primero, porque está en la Constitución y es preceptivo y está regulado, y lo segundo, porque para todos los republicanos la causa del hecho diferencial no estriba en la lengua, la cultura, las costumbres, la historia, las diferencias etnográficas o geográficas o todas esas causas juntas, eso no nos importa; lo que nos importa es que existe, y esto es notorio, un estado de conciencia colectiva en Cataluña que ansía un régimen autonómico, y que cuantos no ansían ese régimen autonómico dentro de Cataluña, callan, prudentes o cobardes. Y para nosotros ésa es la voluntad de Cataluña. Y siendo así, en un régimen democrático, no hay más que poner de nuestra parte cuanto esté a nuestro alcance para servirla, siempre que queden a salvo, como es natural, los intereses primordiales del Estado. Por consiguiente, han quedado despejados estos temas. Y supongo yo que en el curso de este debate no volverán ellos a surgir, porque no sirven más que para enconar las pasiones.

Además, a nosotros nos obligaba y nos obliga el famoso Pacto de San Sebastián; nos obligaba a traer aquí el Estatuto y discutirlo serenamente.

Y ya que hablo de esto, permitidme que abra un pequeño paréntesis, porque creo que va siendo hora de que de una vez para siempre deje de servir de arma de combate, casi siempre contra el régimen, el famoso Pacto de San Sebastián.

Creo que están aquí presentes todos o casi todos los que concurrieron al Pacto de San Sebastián. Pues bien; yo afirmo (sin temor a que nadie pueda contradecirme) en el Parlamento español, delante de los que concurrieron al Pacto de San Sebastián, que el compromiso contraído en ese Pacto se cifraba en esto: primero, en que Cataluña, una vez proclamada la República, no tomaría nada por su mano; segundo, que la Asamblea de Ayuntamientos de Cataluña confeccionaría un Estatuto; que ese Estatuto pasaría por el plebiscito de Cataluña, sería traído a las Cortes y el Gobierno -el Gobierno que hubiera- se comprometía a traerlo a las Cortes, para que las Cortes, libérrimamente, sin ninguna traba, que ni siquiera podía alcanzar a los que estaban presentes en el Pacto de San Sebastián, que no podían comprometer absolutamente nada, lo discutieran, votaran y aprobaran. Y, por último, que Cataluña -mejor dicho-, los que asistían al Pacto de San Sebastián en nombre de partidos catalanes, se comprometían a aceptar lo que las Cortes resolvieran. ¿Hay alguien que tenga que decir más sobre esto? (Pausa.) ¿No? Pues de una vez para siempre quede claro que el suponer que nosotros estamos inventando un problema, por virtud de compromisos contraídos por cuatro señores en San Sebastián, que esto es una ficción, y que comprometemos la salud de España y la vida de España nada más que parar cumplir compromisos políticos contraídos anteriormente, no se puede volver a repetir con razón, porque en pleno Parlamento, a la faz del país, queda de una vez para siempre despejado este tema. (Muy bien. Muy bien.)

Se cumplió el Pacto de San Sebastián por parte de los catalanes; los catalanes, al advenir la República, redactaron su Estatuto; pasó por el plebiscito, y aquí está el Estatuto. Yo no voy a entrar -¡Dios me libre!- en ningún examen retrospectivo de cómo se han hecho las cosas; eso no tiene hoy interés ninguno: el Estatuto está ahí; ahí está el dictamen de la Comisión, y a eso hemos de atenernos. Vosotros (Dirigiéndose a los diputados catalanes.) habéis cumplido vuestra misión; vuestra misión termina ahí, sin perjuicio, naturalmente, de que como diputados discutáis; pero está cumplida vuestra misión respecto al Pacto de San Sebastián y a lo que dice la Constitución sobre este tema, y ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros ¿qué? Acabáis de oír al presidente de la Comisión, mi querido amigo D. Luis Bello, lo que vengo oyendo todos estos días: que la posición del Parlamento ante el dictamen del Estatuto es muy sencilla; lo que esté dentro de la Constitución, pasa; lo que no esté dentro de la Constitución, no puede pasar. Esta posición no es admisible, no siquiera posible. ¿Por qué? Porque fijaos bien, señores diputados, que lo que es fundamental, fundamentalísimo en el dictamen de la Comisión y en el Estatuto son aquellas atribuciones que se confieren a la Generalidad para legislar y ejecutar; es decir, todo aquello que no está comprendido en los artículos 14 y 15 del texto constitucional. Eso es lo que es fundamental, sin perjuicio de que en lo otro haya también temas o motivos de discusión; pero lo fundamental es eso.

Pues bien; la Constitución, cuando trata de este tema, dice en su artículo 16:

"En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa, conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes."
Es decir, que los Estatutos vienen a las Cortes para su aprobación, y a nadie se le puede ocurrir serenamente que lo que aquí venga, venga para que se apruebe así. No. Tenemos no solamente plena facultad, sino obligación ineludible, de analizarlo y de examinarlo despacio. Esa es nuestra posición; la posición y obligación, a mi juicio, de la Cámara es ésta: examinar el Estatuto con un espíritu amplísimo, liberal, de extrema concordia, pero al mismo tiempo sujetándose a un criterio o a una serie de criterios cada cual que marquen la norma del estudio de cada uno de los preceptos del dictamen. Y éste es el objeto del debate de totalidad: fijar cada uno el criterio con arreglo al cual va a examinar el Estatuto.

Me permito rogar sobre este punto a todos los que tienen representación de fuerzas parlamentarias y a todas las autoridades de la Cámara, que en este debate de totalidad se sirvan exponer con claridad cuál es su criterio, mejor dicho, con qué criterio van a abordar la discusión del dictamen del Estatuto; y no hay que decir que el mismo ruego dirijo al feje del Gobierno. Yo voy a explicar modestamente al mío, y, para explicarlo, voy a empezar por partir de algo que es absolutamente obligado, ineludible, que es el artículo 1º de la Constitución.

El artículo 1.º de la Constitución dice textualmente:
"La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y de las Regiones" Fijaos bien, señores diputados, que es el Estado integral compatible; es decir, no formado desde el principio por municipios y regiones autónomas, sino compatible; lo fundamental es el Estado integral, y dentro del Estado integral puede haber municipios y regiones¨;
éste es el texto del artículo 1.º Pues, partiendo de este hecho, que nadie va a discutir, yo creo, señores diputados, que es una obligación ineludible examinar todos y cada uno de los preceptos del Estatuto a través de estas cuatro lentes, de estas cuatro lupas, de las que nadie debe poder prescindir para hacer una obra constructiva: primera, capacidad de Cataluña para ejercer su función de región autonómica, segunda, oportunidad de traspaso de cada uno de los servicios a Cataluña; es decir, si el momento es oportuno o no para hacer el traspaso de cada uno de los servicios; tercera, el Estado español, el Estado integral, tiene que conservar, a través de cada uno de los preceptos del Estatuto, las facultades necesarias para cumplir la elementalísima obligación de amparar el derecho de todos sus ciudadanos sin distinción; cuarta, lo que representa la unidad orgánica del Estado, del Estado integral, no puede romperse; es decir, que todo lo que menoscabe y atente a esa unidad es menester suprimirlo.

Estas son las cuatro lentes a través de las cuales voy a analizar brevísimamente, poniendo por cada una de ellas, delante del Estatuto, el dictamen de la Comisión. Ya veis, señores catalanes, que quedan eliminadas totalmente todas aquellas cuestiones de carácter sentimental que podían enconar el debate, no porque no tengan importancia, algunas de ellas pueden tenerla; lo que hay es que yo creo que cuando se está ante un problema vivo y ante un texto concreto es inútil mezclar en ello cuestiones que no sirven para nada prácticamente.

Y vamos a empezar por la capacidad. Ya comprenderéis, señores diputados catalanes, que no voy a cometer la torpeza de negar que Cataluña tenga capacidad para erigirse en región autónoma; sinceramente creo que la tiene; pero además, en todo caso, no me metería en eso. La capacidad para nosotros, por lo menos para mí, no es tema de discusión; os la concedo toda, absoluta. ¡Ah! Pero a vosotros os interesa mucho más que a nosotros aquilatar bien hasta dónde llega esta capacidad para toda la cantidad de servicios que reclamáis y que el dictamen os concede, porque un exceso de atribuciones tomadas a destiempo puede ser la ruina de todo, el fracaso de todo, el descrédito de todo y un gran mal para vosotros y otro grave mal para España. Y yo, sin negaros la capacidad, me voy a permitir, si vosotros me lo consentís, hacer algunas breves observaciones sobre el particular. ¿En qué consiste la capacidad de una región? ¿En que el caudal medio de cultura sea grande, sea extenso? ¿En que el vigor ciudadano exista, en que la ciudadanía sea activa, sea eficaz? Eso es una gran fuerza, pero no lo es todo, porque una región es una cosa viva, integrada por una serie de organismos que deben tener también realidad y vida propia y que han de funcionar con arreglo a unas normas determinadas; y si la región no es eso, es una ficción. Y ¿qué pasa hoy en Cataluña? Pues en Cataluña pasa que hay una ciudad, que es Barcelona, donde todos los sentimientos catalanistas tienen su asiento legítimo y, además, su fomento constante y diario, y donde por ser la cultura más extendida y los medios de difusión más fáciles, el ambiente catalanista tiene una verdadera realidad; pero fuera de Barcelona queda todo lo que es la provincia, más las otras tres provincias, donde este fervor y este entusiasmo quedan, como es lógico, muy atenuados; pero sobre todo -no voy a discutirlo; si queréis que sea el mismo, os lo concedo, porque lo esencial no es eso, sino esto otro-, sobre todo, cuanto es organización municipal local vive, como en el resto de España, regida por leyes arcaicas, que son las que regulan toda la organización local de España, sometida al influjo poderosísimo que irradia Barcelona, por sus hombres, por su prestigio, por su actuación, por su dinero, por todo. ¡Ah! Pues pensad bien lo que representaría que cometiéramos todos la ficción de traspasar una serie de funciones del Estado a la Generalidad si eso fuera a perdurar, porque eso, ¿sabéis lo que empezaría por ser y lo que acabaría por consagrarse como cosa definitiva? Pues una gigantesca oligarquía de Barcelona sobre toda la región catalana, y eso es muy peligroso para vosotros y para nosotros, porque hoy sois vosotros los que manejáis la oligarquía, pero mañana puede ser una extrema derecha, incomprensiva y absurda, o una extrema izquierda, que sen totalmente incompatibles la una o la otra con lo que es el Estado español.

Pues todo esto quiere decir que lo fundamental es crear definitivamente el organismo. ¿Habéis medido vosotros -seguramente lo habréis hecho-, habéis medido la cantidad de leguas que os quedan por recorrer hasta llegar a esa meta? ¿Habéis contado la serie de jornadas por que tenéis que pasar? Pues nada menos que éstas: el Parlamento, el Estatuto interior, el régimen municipal, que no consiste sólo en dar un precepto o una norma por virtud de la cual se hayan de regir los Ayuntamientos, sino que eso encarne en la vida del pueblo; que encarne en la vida de los Ayuntamientos; que los Ayuntamientos sean de verdad autónomos, con su vida propia y con su Hacienda propia, porque hasta ese instante no podréis decir que la región está constituida, y después de todo eso hecho, ir haciendo las normas esenciales para regular cada uno de los servicios. Y yo os digo que para mí, que os considero capaces, vuelvo a repetirlo, la prueba de capacidad positiva no debería darse, no podría darse más que da un modo: estableciendo que los servicios que hayan de pasar a la Generalidad no fueran pasando hasta tanto que ese Parlamento catalán, después de estar constituido, fuera redactando los reglamentos o las normas que hayan de servir para el funcionamiento de esos servicios. Esa sí que sería una prueba de capacidad. Pero repito que en esto yo no hago cuestión; os lo digo a vosotros, porque vosotros sois los que tenéis que medir toda la cantidad de esfuerzo que tenéis que hacer, y si estáis en condiciones de hacerlo para evitar el fracaso, que sería para vosotros mucho más que la muerte, porque sería el descrédito.

Y vamos a utilizar la segunda lente: la oportunidad, la oportunidad mirada desde el punto de vista, no de la declaración del derecho de Cataluña a erigirse en región, sino la oportunidad de traspasar determinados servicios.

Señores, yo creo que no hace falta esforzarse mucho para demostrar que el Estado español, el Estado que la República heredó de la monarquía, es un Estado totalmente por hacer. La prueba de que está por hacer es que apenas hemos puesto la primera piedra. Todo lo que significa organismos del Estado, hay que rehacerlo de arriba abajo. Y tampoco será preciso esforzarse mucho para demostrar que en este instante, y hablo de este instante poniéndolo sólo como ejemplo, España atraviesa, como gran parte del mundo, una crisis económica grave, y que la Hacienda española está sufriendo las consecuencias de muchos años de despilfarros y en plena contracción. Pues bien; cuando ésa es la situación del Estado español, puede muy bien suceder, tiene que suceder, que el traspaso de determinadas funciones del Estado español a la Generalidad en este instante sea una insigne torpeza para unos y para otros, porque a los catalanes les interesa más o, por lo menos, tanto como a nosotros, que el Estado español sea un Estado fuerte, porque de él y sólo de él van a poder vivir. Por consiguiente, pudiendo ser quizás constitucional, y hasta posible, y hasta lícito, y hasta plausible el traspaso de determinadas funciones, puede muy bien suceder que la oportunidad aconseje que hoy no se traspasen.

Vais a ver un ejemplo. Es evidente que en estos momentos está la República siendo acosada, hasta donde puede serlo, por elementos de extrema derecha y de extrema izquierda que pretenden todavía socavar los cimientos del régimen, y es evidente que en estos instantes todo lo que fuera intentar cercenar, cortar, partir las facultades del Poder público para hacer frente a ese problema, que es común a todos, sería una gran torpeza. Pues, sin embargo, ya veis que en el proyecto, en el dictamen de la Comisión, en estos momentos, se traspasan a la Generalidad de Cataluña la policía y el orden interior. ¿Es que hay alguien que sinceramente pueda creer que en estos instantes es, no ya posible, no ya hábil, sino materialmente hacedero, el partir en dos el régimen de policía y de orden público en España en la situación en que se está? Pues imaginad el caso de que, esto hecho, aprobado el dictamen, aprobado el Estatuto, un buen día en el Gobierno de la Generalidad, porque se tratara -es un caso muy hipotético- de un Gobierno débil, de un Gobierno transigente, de un Gobierno torpe, se intentara fraguar dentro de Cataluña un movimiento revolucionario de extrema derecha, de reacción, o de extrema izquierda, que no hubiera de desencadenarse en Barcelona, en Cataluña, sino en otra parte de España. Pues bien; si esto sucede aprobado el Estatuto, ¿me queréis decir qué hace el Poder público? Porque vamos a estar de acuerdo en esto: lo peor que nos podría pasar, lo peor que os podría pasar, es que coexistieran en Barcelona, en Cataluña, dos servicios: uno del Estado y otro de la Generalidad, enfrente uno de otro, o parejos, que acabarían por estar enfrente fatalmente, prestando la mismo función. Eso no puede ser. Eso vosotros mismos reconoceréis que no puede ser. ¡Ah! Pues el Estado está completamente apartado de la policía, del orden público. Me diréis: el caso lo prevé la constitución, porque la Constitución dice que el Estado podrá intervenir en casos de peligro cuando lo considere conveniente. ¡Ah!, sí! Pero ¿es que todo el mecanismo policíaco y todo lo que significa la red extendida de conocimiento de una región se improvisa? ¿Es que con enviar una legión de policías o de agentes a Cataluña ya se sabe lo que pasa, si no tiene estado público el conflicto? ¿Es que, además, mantener una política en materia de orden público distinta aquí que allí, que puede ser diametralmente opuesta, no es un gravísimo daño para todos, para la seguridad del Estado y para su vida interior? Eso, en estos momentos, a mi juicio, sería una locura. Por consiguiente, cuando se discuta el Estatuto habremos de examinar en cada uno de los artículos si es o no oportuno el traspaso de las funciones.

Y vamos ahora a lo que es más fundamental: a la obligación ineludible que tiene el Estado de amparar a todos sus ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Supongo que este postulado nadie podrá discutirlo. Pues bien; lo primero que yo me encuentro al examinar con esta lupa el dictamen de la Comisión, es esto: si este dictamen se aprueba, el Poder público como tal Poder público, el Estado como Poder público, se retira íntegramente de Cataluña; toda la representación del Poder público que quedará allí consistirá en esto: el general de la división con sus tropas, el comandante de Marina, los carabineros y los fiscales; esto será lo que quede en Cataluña como representación del Poder público. La genuina representación de éste en el Gobierno, que es el Ministerio de la Gobernación, no tendrá allí más que los policías encargados de visar los pasaportes en las fronteras, nada más: todo lo demás habrá desaparecido. Señores, sólo lo enunciado asusta.

Pues bien; ¿qué pasaría si un buen día hubiera en el Gobierno de la Generalidad un partido político, un sector de opinión catalana que, por vehemencia, por insensatez o por lo que fuera, intentara, y realizara, una política de agresión, de molestia, de ofensa a lo que no fuera de sentimiento genuinamente catalán dentro de Cataluña, en esa forma, que se puede hacer casi impalpable, de pequeñas vejaciones, pequeñas multas, trabas a los negocios, registros domiciliarios? Los ciudadanos que no fuesen catalanes que estuvieran sometidos a esta tortura, se preguntarían: "Bueno, ¿y a quién nos dirigimos" Dice el artículo 14 que el representante del Gobierno es el presidente de la Generalidad, la Generalidad, que es el Poder más irresponsable, según el dictamen, que ha habido nunca en el mundo, porque no responde de nada ni ante nadie; pues esos ciudadanos se encontrarían con que tendrían que acudir al general de la división o al comandante de Marina, porque, claro, les queda el camino del recurso contencioso, pero después de haber pasado por toda la gama del papel sellado y de los Tribunales catalanes; y cuando todo eso esté terminado, entonces podrán venir aquí, al Supremo, a reclamar.

Esto es de tal magnitud, señores, que para comprenderlo así no hay más que hacer esta consideración: si esos ciudadanos vivieran, en vez de Cataluña, en cualquier rincón del mundo, por apartado que fuera, tendrían un cónsul español al que dirigirse, y en Cataluña no van a tener a nadie. ¿Vosotros creéis que esto es posible? Diréis que esto es una exageración y que estoy presentando las cosas a base de una pugna, de una lucha entre dos instituciones. ¡Ah!, si me lo dijerais (que no me lo diréis, porque creo que no tenéis humor de pelea, ni yo tampoco), os contestaría que yo no tengo la culpa, que nosotros no tenemos la culpa de que haya un sector de la opinión catalana (ahí están los textos) que diariamente haga alarde de su propósito de acabar, dentro de Cataluña, con todo lo que no sea catalanista, y a nosotros no nos garantiza absolutamente nadie que llegue un día en que eso no prevalezca. Es difícil; pero también era difícil que prevalecieran sus señorías el 11 de abril, y el 14 eran los dueños de Cataluña. Pues eso, ¿quién me garantiza a mí que no se repetirá algún día con los elementos extremistas? Aparte de que, sea lo que sea, el Estado tiene la obligación ineludible de evitar que a sus ciudadanos les pueda ocurrir un caso así. Esto se remedia de alguna manera, y hay que remediarlo.

Además, para mayor prueba (vamos a dejar estos ejemplos de carácter genérico y fijémonos concretamente en el texto del Estatuto) tenemos el caso específico de la enseñanza. Lo cito, porque sé que es uno de los puntos neurálgicos del dictamen de la Comisión y acerca del cual ha formulado su presidente un voto particular.

Yo no quiero entrar ahora a fondo en ninguno de los temas (ya los discutiremos con toda calma), en un análisis detenido, de lo que es el problema de la enseñanza, y menos poniendo cosa alguna de mi cosecha, pues podría parecer algo apasionado, algo buscado, fantástico, para molestar o herir, no; me voy a atener a textos indiscutibles para vosotros. (Dirigiéndose a la minoría catalana.) Supongo que ninguno de los señores de la minoría catalana podrá oponer el menor reparo a la personalidad de Pompeyo Fabra, una autoridad catalanista. Pompeyo Fabra, que es un gran filólogo, no puede ser sospechoso para nadie de su entusiasmo por la autonomía catalana o por algo más que la autonomía catalana, puesto que es, me parece, el director de La Palestra. Vais a oír lo que dice Pompeyo Fabra y cómo juzga en una conferencia pública, dada hace poco en Barcelona, el problema de la enseñanza. Voy a leer solamente la parte substancial: "Respecto a los alumnos, dijo que los hijos de catalanes irían seguramente a la Universidad catalana, pues a la castellana sólo irían los castellanos inadaptados. De la masa catalana, dijo que a ésta le daría sensación de mayor estabilidad la Universidad española, por lo menos hoy día. Añadió que tampoco tenía la seguridad de que la mayoría de los catedráticos catalanes renunciasen a sus cátedras para pasar a la Universidad catalana, y entonces el problema sería la creación de un profesorado numeroso, ya que la Universidad deseada ha de ser completa. (Fijaos en este párrafo.) Se ocupó del aspecto de los catalanes que han de llevar sus hijos a la Universidad, y dijo que, recientemente, un literato, catalanista de toda la vida, preguntado sobre el particular, dijo que vacilaría y que quizás llevara sus hijos a la Universidad castellana, por no querer arrostrar el peligro de que un día sus hijos le pidieran cuenta de su decisión. De suceder esto así, el fracaso sería grande. Añadió que cabía esperar que, intensificándose la catalanidad, quizás con el tiempo se llegara a lo anhelado; pero, entre tanto, la Universidad catalana padecería por la falta de profesorado y de alumnos. Dijo que la solución sería que la actual Universidad pasara a la Generalidad para su catalanización. Expresó la esperanza de que los catedráticos castellanos, una vez aprobado el Estatuto, muchos pedirán el traslado y que los alumnos castellanos que viven en Barcelona podrán fácilmente acostumbrarse a recibir las enseñanzas en catalán." Señores, el texto es definitivo. Yo os pregunto: cuando éste es el sentir de los grandes pedagogos catalanes, ¿cómo queréis que el Estado abandone la misión elemental de amparar a quien, siendo inadaptado, no quiera adaptarse, en uso de un perfecto derecho? (Muy bien.) Esta es una función fundamental del Estado, y el Estado no puede desprenderse de ella.

Con esta lupa hay que registrar hasta el último escondrijo del dictamen. Pues ¿y la justicia? Pero ¿vosotros conocéis mayor sensación de desamparo que el que puede tener un ciudadano en un país donde sabe que la Justicia le es, si no hostil, por lo menos extraña? Pero ¡cómo es posible que el Estado dimita la función de administrar Justicia! O no existe el Estado integral y no es más que una sombra, o esa función es totalmente del Estado. (Muy bien.) Bien está que vosotros tengáis -si queréis, yo llego a eso- vuestro Derecho foral, todo lo que es genuinamente vuestro, y vuestros Tribunales especiales; ¿por qué no? Pero, ¿y para juzgar en materia civil, y para administrar Justicia en lo civil y en lo mercantil? Pero ¿quién, del resto de España, va a contratar con vosotros si tenéis vuestros Tribunales y en materia mercantil sois los árbitros? ¿No comprendéis que os hace más daño que provecho, que no habrá ningún ciudadano de ningún pueblo español que no exija la condición previa de que el fuero sea el propio y no el vuestro, cuando allí acaba la última instancia, según el dictamen, en todos los asuntos? No; ésa es una misión que tampoco puede delegar el Estado.

Y vamos, señores diputados, con la última lente. Unidad orgánica del Estado. No creo, señores, que ofrezca a nadie duda la enorme complejidad del mecanismo de un Estado moderno: un Estado moderno no es, en definitiva, otra cosa que una gigantesca empresa de servicios públicos, y en el Estado moderno todo lo que se refiera a la economía, a todo lo económico, pasa por delante, tiene que pasar por delante incluso de todo lo político, porque ésa es hoy la médula misma de la vida del Estado. Pues bien, todo lo que sea, en estos momentos en que se está organizando, fraguando, el nuevo Estado español, partir esa unidad orgánica del Estado y empezar a dividir todas las funciones fundamentales entre las regiones y el Estado, es tanto como retrasar y quizá condenar al fracaso la obra gigante de hacer el nuevo Estado, y para que el Estado tenga en su mano las riendas de una organización económica -y a todos vosotros, señores ministros, os hemos oído decir desde aquí que es aspiración fundamental la de organizarla en forma de economía planificada o dirigida-, a mi juicio, hay dos resortes, dos herramientas indispensables: una, la unidad legislativa que somete a todos los ciudadanos a una misma ley, y otra, la soberanía fiscal, porque si el Estado no conserva la soberanía fiscal no puede hacer política social, ni política económica, ni nada que se le parezca.

¿Qué hay en el Estatuto de todo esto? Pues lo primero que se tropieza uno es con que se crea una ciudadanía privilegiada, de ciudadanos de cuota; se crea la ciudadanía catalana, y como son ciudadanos catalanes y además son ciudadanos españoles, resulta que los ciudadanos allí tienen el doble privilegio y el doble derecho, y cuando vienen aquí siguen siendo ciudadanos españoles, y los ciudadanos españoles llegan a Cataluña y no pasan de ser ciudadanos españoles, no son ciudadanos catalanes. Esto ya es un contrasentido lamentable, que produciría consecuencias desastrosas para vosotros en el ánimo de todo el resto de España. (Rumores.)

Sigamos avanzando, y nos encontramos con que se atribuye a la Generalidad la ordenación del Derecho civil, salvo lo que dispone el art. 15. Señores de la minoría catalana: yo no puedo creer que a vosotros ni a nadie en Cataluña interese tener la ordenación del Derecho civil para todo aquello que no sea genuinamente el Derecho foral catalán. Que en este momento y en pleno año 1932 aspire nadie a crear la enorme confusión de una legislación civil distinta y separada de la del Estado en cosas en las que nada os perjudica la legislación común, cuando todo tiende hacia una unidad legislativa; que se intente poner todavía barreras y agrandar distancias, ¿en beneficio de quién va eso? Yo creo que el único modo de que se acabe de una vez con las diferencias en todo lo que no sea fundamental y tradicional, es que tengáis vosotros la facultad legislativa de lo vuestro, de lo que s foral; porque le grave error, hasta ahora, ha sido que el Derecho civil español quedó petrificado y el Derecho foral también, y como no han avanzado, no han podido juntarse; pero si vosotros podéis avanzar, tengo la seguridad de que poco a poco acabaréis por sumaros. Pero eso en lo vuestro. ¿Qué necesidad tenéis de asumir también la legislación civil del Estado español, en la que hay una unidad legislativa que no tiene por qué romperse, y de privar, además, al Estado de esta enorme herramienta?

Y vamos a Hacienda, a la soberanía fiscal. No voy a entrar ahora, mucho menos después de lo que acabamos de oír al presidente de la Comisión, en un análisis detenido del problema de la Hacienda; todo llegará a su hora; pero os voy a decir dos cosas: la primera, que nosotros, cuando se trate de fijar la cuantía de los servicios o el importe de los servicios que se os traspasen, tenemos la obligación de no ser tacaños, ni siquiera meticulosos con exceso. El importe, el costo de los servicios, debe quedar compensado con generosidad, con largueza.

Además, es justo, es legítimo que vosotros pidáis que lo que represente la compensación de los servicios que asumís no se os dé un forma rígida, no se os facilite en billetes de Banco, porque así no habría prosperidad posible; pero de esto a traspasar la soberanía fiscal, entregándoos nada menos que las dos columnas principales de la soberanía fiscal por excelencia, que es el impuesto directo, la contribución directa, porque es lo que llega de verdad al individuo en relación con el Estado, hay un abismo.

Espero demostrar, cuando llegue la ocasión, que lo peor que os podía pasar a vosotros es que prevaleciera ese sistema, porque fatalmente, ateniéndonos al texto del dictamen, que prevé, como es lógico, el caso de que vaya avanzando el impuesto sobre la renta como forma tributaria substituyendo a los impuestos directos, fatalmente, cuando llegue el Estado a entrar en vuestro terreno en las contribuciones directas, aunque dice el dictamen que se os dará compensación, ésta no podrá ser satisfecha más que en forma rígida. Lo fundamental para vosotros es que esos dos principios se salven, que los servicios estén ampliamente retribuidos, todo lo ampliamente que sea posible, y que sea flexible la compensación. Fórmulas hay; el propio presidente de la Comisión afirma que el dictamen no es en esto definitivo; ya se encontrarán.

Otro tema hay en la parte referente a la Hacienda -no quiero cansaros mucho-, que es el de la recaudación de las contribuciones. El Estado cede estatutariamente a Cataluña, a la región, la recaudación de las contribuciones por cuenta del Estado, y como eso es del Estatuto, es una facultad que no puede retraer, y si la recaudación se hace mal, no se puede enmendar. ¡Ah!, pues eso, señor ministro de Hacienda, tiene una gravedad extraordinaria y habrá que ver el modo de salvarla, porque ahí se enajenan muchas cosas; pero, por de pronto, se enajena todo el porvenir de la Hacienda española.

Y, por último, señores, yo quisiera, como resumen de cuanto llevo dicho, recordaros que este problema del Estatuto catalán es un problema que allegado a la entraña misma de la vida de España; que a estas horas España entera está pendiente de los debates del Estatuto y que, querámoslo o no, alrededor del problema del Estatuto que aquí se vote ha de girar la vida política española, aun después de votado, durante mucho tiempo, y que las elecciones venideras, sean cundo sean, han de hacerse pidiendo los electores cuenta a los diputados de cómo han cumplido su obligación en este punto; y yo no tengo más que decir sino que aspiro a presentarme -y creo que en eso coincido con todos o casi todos- ante mis electores, cualesquiera que ellos sean, diciéndoles: "Un problema que heredamos de la monarquía, envenenado y sin resolver, lo hemos resuelto; el depósito que nos entregasteis de una España unida, de un Estado unido y organizado, lo hemos conservado y no lo hemos roto."

Si no lo hiciera así; si yo contribuyera en lo más mínimo a la disgregación del Estado español, me consideraría tan fracasado que me retiraría definitivamente de la vida pública. (Aplausos.)

RM.Pidal - Bilingüismo

El bilingüismo, ventajoso e inconveniente
Ramón Menéndez Pidal
3 de noviembre de 1931
El Sol.


La opresión lingüística que en España existió últimamente ha cesado por completo, para siempre, con la República. Las generaciones regionales educadas en la protesta contra los atropellos propenden, sin embargo, a organizarse pensando en el idioma como arma y no como instrumento.

El bilingüismo, que unos estiman riqueza espiritual y otros mero embarazo para el período educacional del individuo; el bilingüismo, ventajoso o inconveniente, es un estado natural de multitud de pueblos, un estado que no se escoge, sino que viene impuesto por la geografía, por la historia y por la ley de gravitación de los idiomas que los agrupa según sus masas. Y si es muy cierto que hay que respetar el hecho del espléndido renacimiento catalán moderno, no es menos necesario contar imprescindiblemente con el hecho magno y secular de la pacifica y perdurable penetración del castellano, desde la Edad Media, tanto en Galicia como en Cataluña y Vasconia.

Y al oír renegar de esta penetración, al oír comparar insensatamente el castellano al inglés, comprendemos que aún está muy viva la psicología del amargor; por lo cual yo no sé sino pedir a las regiones que hagan el mayor esfuerzo de apartamiento respecto a ese estado ideológico formado en la vejación pasada, y se lo pido con alguna confianza de que no me miren como un enemigo, porque soy gallego de nacimiento; porque me sumé cordialmente a la protesta contra el atropello de que fue víctima la lengua catalana y trabajé porque fuese reparado; porque he cooperado en lo que he podido a glorificar el cultivo del vasco.

En definitiva, perdura en múltiples formas la psicología de la incomprensión. ¿Se ha de estructurar bajo esta ideología la España nueva (la nueva vida que ha de proyectarse en largo provenir)? Hay que proceder con el mayor cuidado para que después de una segregación razonable de funciones en lo puramente necesario pueda la República proceder a una poderosa reintegración de los esfuerzos dispersos que levante la vida nacional al punto máxime.

F.Florez - Sesión Parlamentaria Problema Catalán

23 de octubre de 1931
Comenta la sesión con criterio anticatalanista
Fernández - Flórez
ABC,


Siguen dominando los catalanes, y todo se doblega ante su voluntad. Puede decirse que la política española tiene hoy un eje catalán, y que sólo en aquellas cuestiones que no interesan fundamentalmente a Cataluña se expresa con libertad el criterio de la Cámara. Resulta curioso, en estas condiciones, oír hablar de la hegemonía castellana y del imperialismo de la meseta, cuando la verdad es que el libre albedrío del Congreso está hipotecado en favor precisamente de la región que se cree avasallada.

En el artículo 48, que se discutió ayer, el Estado entrega la enseñanza a las regiones. Todas las argucias que disimulen esta realidad son inútiles. Las regiones autónomas pueden organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas; se estudiará el castellano como una asignatura más, según frase exacta de don Miguel de Unamuno, y en todos los Centros de instrucción de primero y segundo grados (nada se dice de las Universidades, que quedan casi totalmente referidas a la lengua regional) se empleará también el castellano. El Estado "puede" -¡amable concesión!- mantener o crear en todas partes instituciones docentes de cualquier grado.

La inmensa mayoría de la Cámara (con exclusión de los socialistas, que es el grupo que viene revelando más patriotismo y mejor sentido político) encuentra encantadora esta solución. Y, en cambio, vota en contra de la enmienda firmada por capacidades como Unamuno, Sánchez Román y Novoa Santos, que restituía la cuestión a sus verdaderos términos: esto es, que conservaba la función docente para el Estado en la lengua oficial, que es la de mayor difusión, y reservaba a las regiones el derecho de mantener o crear instituciones de enseñanza. Ha parecido mucho dar al Estado lo que no se quiso regatear a la Región.

Ayer hemos visto patinar al señor Sánchez Albornoz para hacer concesiones que seguramente están en pugna con sus verdaderos sentimientos de hombre talentoso y culto. Hemos oído la voz aguardentosa de Guerra del Río cuando lanzaba a ras del suelo sus ideas de vuelo corto para afirmar, primero, que votarían lo contrario que los socialistas; después, que apoyarían aquello que fuese más próximo a sus ideas (¿pero no era Lerroux el españolista que se paseaba por las Ramblas con la bandera amarilla y roja en la cinta del sombrero?), y, por último, que obedecerían lo que el Gobierno mandase, con un ministerialismo incompatible con la misma composición del Gobierno y con la gravedad de los asuntos que se discuten. Hemos presenciado la violencia con que Azaña quiso reducir a don Miguel Maura, violencia de coronel gotoso que no tolera la contradicción, réplica malhumorada en la que se perdió todo el sentido de la elegancia y se habló chabacanamente de "pifias", y se recordó que Maura está solo en el Parlamento, como si al leer hoy sus opiniones el pueblo español no hubiese de tener a su lado más pareceres que los que pueda merecer el criterio de Azaña. Hemos saboreado el conocido gusto de todos los tópicos en la intervención de don Eduardo Ortega y Gasset, uno de los que teme que le digan que "no comprende" el problema catalán, y que unió en un breve discurso todos los lugares comunes más divulgados que circulan acerca de esta cuestión.

Pero, como hizo constar en sus afortunadísimas palabras el señor Sánchez Román, nadie contestó con argumentos a los argumentos. Citas pedantes, frases aduladoras, vulgaridades ecoicas. ¿Razones? Nadie las adujo en respuesta a las de Unamuno, a las de Maura, a las de Sánchez Román.

La de ayer ha sido una de las peores tardes del Parlamento de la República.

Los catalanes tienen un pilar más en el que asentar sus intenciones. Seguros del triunfo, deseosos de no comprometerlo, después de haber sembrado por los pasillos la amenaza de su retirada, se han abstenido de intervenir con algo más que con movimientos de cabeza. Sin duda poseen una superioridad política sobre los otros, y, por otra parte, con esa visión detallada de los asuntos, con ese don de organizar que les caracteriza, cuidan los pormenores hasta un punto que hace dificilísimo el fracaso.

¿Cómo pudo ser aprobado el artículo 48? A primera vista, parece imposible que los diputados constituyentes no hayan comprendido la esencialidad que para el Estado tiene la cuestión de la enseñanza, y, en efecto, hubo algunos momentos, antes de la sesión de ayer, en los que parecía haberse decidido una transformación importante en el texto del dictamen. Sin embargo, nada podía ocurrir, porque el único peligro serio lo habían eludido los catalanes con una sagacidad extraordinaria.

Contaremos cómo. Muy pocas personas lo saben.

El martes de la semana pasada los diputados catalanes pensaron trasladarse a Madrid desde Barcelona, y, como hacen siempre -a costa de considerables dispendios para el presupuesto de la Cámara- solicitaron plazas en el avión. Pero eran tantos los diputados que deseaban realizar el viaje, que no había sitio para todos en el único aparato disponible, y la Compañía hizo salir otro de Madrid para estar apercibido el transporte de los representantes de Cataluña.

El billete tomado, los aviones en espera, alguien cayó de pronto en la temeridad que se intentaba.

¡Era martes, y trece el día en que se proponían venir volando a Madrid! ¡Martes y trece! Podían matarse, y entonces que el diablo se llevase el artículo 48. Podían ser derrotados en el Congreso. ¡Alto! ¡Prudencia!

Y tomaron el tren. Ni uno solo vino en el aeroplano. La Cámara tendrá que pagar, sin embargo, de sus fondos, cuatro mil pesetas por el envío del avión supletorio.

La noticia es rigurosamente cierta, y nadie la rectificará. Ahora comprenderán ustedes que a unos señores que hilan tan delgado nada puede resistirles ni es posible que algo les salga mal.

martes, junio 27, 2006

Ana Isabel Sánchez, Cooperante Escolapia

CRÓNICA DE UNA NOTICIA

Hojas Informativas

2 de julio de 2003

MUERE DE FORMA VIOLENTA EN GUINEA ECUATORIAL UNA CIUDADANA ESPAÑOLA (9h 47m)

La pasada noche ha resultado muerta en la región continental de Río Muni una ciudadana española cuando los componentes de un control de carreteras han disparado sobre el taxi en el que viajaba. La fallecida, junto con otra compañera, viajaban en un taxi entre Mongomo y Aconibe. Al parecer el taxi se detuvo en el control, que estaba señalizado, sin que apareciera ninguno de los militares que prestan servicio en él. Una vez reanudada la marcha el vehículo recibió varios disparos, uno de los cuales produjo la muerte de la ciudadana española.

La fallecida, junto con su acompañante, formaba parte de los grupos de personas que se desplazan cada año a Guinea a colaborar con los misioneros y misioneras.

Intentaremos ampliar la información.

AMPLIACIÓN (10h 48m)

La ciudadana española asesinada en Guinea se llamaba Ana Isabel Sánchez Torralba llegó a Guinea el pasado domingo en un vuelo de la compañía Hispanair. Iba, junto con otras dos compañeras a ayudar a las Misioneras Escolapias.

Las Escolapias tienen dos casas en la región continental de Río Muni, una en Bata (la capital) y otra en Aconibe. Una de las chicas se quedó en Bata y las otras dos iban a Aconibe. Se trasladaban a esta ciudad en un autobús de la línea Iberia Bus. A la altura del poblado de Mbon Ecua encuentran un control de carreteras. Van detrás de otro vehículo. La barrera se alza y pasan los dos. Los militares se enfadan porque dicen que no han abierto para el autobús. Hacen que bajen los viajeros. Bajan y no pasa más.

Los viajeros vuelven a subir y el autobús arranca. Entonces, uno o varios militares siguen al autobús en otro coche. Le hacen señas para que pare. En el momento en que para, uno o varios militares, disparan contra su parte trasera. Las dos chicas españolas iban en los asientos posteriores y una de ellas (Ana Isabel) resulta muerta.

No es por tanto un "lamentable incidente", sino una acción premeditada, resultado del modo de hacer de unos fuerzas de orden público habituadas a maltratar y a agredir a los ciudadanos.

MÁS DATOS (11h 26m)
Era natural de Ocaña (Toledo) y tenía 22 años.

No caben las palabras.

PREGUNTA DEL EURODIPUTADO CARLOS CARNERO Y ULTIMA HORA SOBRE EL ASESINATO DE LA COOPERANTE ESPAÑOLA (13h 31m)

En archivo adjunto enviamos el texto de la pregunta presentada ante el parlamento europeo por el eurodiputado socialista Carlos Carnero relativa al asesinato en Guinea de la ciudadana española Ana Isabel Sánchez Torralba

Las últimas noticias que nos llegan de Guinea nos indican que los incidentes tuvieron lugar a las nueve de la noche de ayer, muy cerca de la parada del autobús en la ciudad de Mongomo y a la vista de las personas que esperaban su llegada. (Entre el poblado de Mbon Ecua y Mongomo hay entre cuatro y cinco kilómetros). Una vez que se produjeron los disparos que alcanzaron a Ana Isabel y a otras dos personas (uno de ellos un niño) todos los viajeros abandonaron el autobús. Fue entonces cuando advirtieron que Ana Isabel sangraba abundantemente. Fue llevada a un centro médico donde falleció poco después.

Texto de la pregunta de Carlos Carnero:

"Según las informaciones disponibles en el momento de redactar esta pregunta, la ciudadana española Ana Isable Sanchez Torralba ha sido asesinada ayer en Guinea Ecuatorial por disparos de militares de ese país contra el autobús en el que viajaba en su zona continental. Ana Isabel se había trasladado a Guinea, junto con otras compañeras, para colaborar con las Misioneras Escolapias. Se trata de un hecho brutal, que ha costado la vida a una joven española y del que serían autores quienes, de forma premeditada, injustificable y criminal, abrieron fuego contra un vehículo civil que acababa de atravesar un control militar. Estamos ante una acción que demuestra el comportamiento de unas fuerzas del orden acostumbradas a maltratar y agredir a los ciudadanos. ¿Qué informaciones va a recabar el Consejo? ¿Qué protesta piensa presentar? ¿Cómo va a exigir que se haga justicia ante el asesinato de una ciudadana europea? ¿Qué repercusiones tendrá este crimen en las relaciones entre la Unión y la dictadura ecuatoguineana?"
PREGUNTA DE LA EURODIPUTADA PAQUITA SUAQUILLO. Más información. (17H 35M)

En archivo adjunto enviamos la pregunta presentada ante la Comisión europea por la eurodiputada socialista Paquita Sauquillo, relativa al asesinato de una ciudadana española en Guinea Ecuatorial.

Noticias de Guinea nos indican que el responsable militar de la región en la que se han producido los incidentes es Efe Pulé, Francisco Mba Mendama, un conocido torturador que en su momento (1999) fue juzgado y condenado por un tribunal guineano (en medio de una enorme espectación: las sesiones del juicio se retransmitían por televisión) por el asesinato del ex-embajador en París Julián Esono Abaga. Los hechos tuvieron lugar en febrero de 1998.

Efe Pulé fué condenado a 30 años el 8 de octubre de 1999 y el dictador guineano Teodoro Obiang Nguema lo sacó de la cárcel el 28 de diciembre de ese mismo año. Tras ese "indulto de hecho" (nunca se publicó) Francisco Mba fue reabilitado política y administrativamente.

Efe Pulé era ya responsable de la región militar de la región de Mongomo cuando se desató, a partir del 14 de marzo del pasado año, una oleada represiva que supuso al menos 400 detenidos y la huída a los países vecinos de la población entera de varios poblados. Estas detenciones culminaron con el último juicio-farsa celebrado en el cine Marfil de Malabo en mayo-junio de 2002.

Texto de la pregunta de Paquita Sauquillo:
"La cooperante española Ana Isabel Sánchez Torralba ha muerto en Guinea Ecuatorial a causa de los disparos efectuados por miembros de las Fuerzas Armadas contra el autobús de línea en el que viajaba, con destino a Aconibe, para colaborar con las Misioneras Escolapias.

Se trata de otro ejemplo trágico de la brutalidad del régimen de Guinea Ecuatorial, cuyo desprecio por la vida de las personas, los derechos humanos, y las más elementales garantías ciudadanas se ha puesto de manifiestostra una vez más con el asesinato de Ana Isabel Sánchez Torralba.

¿Ha considerado la Comisión la posibilidad de aplicar sanciones a Guinea Ecuatorial suspendiendo cualquier tipo de ayuda al régimen dictatorial de Obiang?. ¿Puede la Comisión aportar datos sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial?. ¿Se ha producido alguna mejora en el sistema de garantías a partir del acuerdo alcanzado en esta materia entre la Comisión y el Gobierno de Guinea Ecuatorial?"
2 de julio de 2003

OCAÑA (TOLEDO).- Ana Isabel Torralba, madre de la joven cooperante toledana fallecida en Guinea Ecuatorial por un disparo en un control militar, ha rehusado la posibilidad de abrir una investigación, tal y como le había brindado el embajador español en aquel país, Carlos Robles Fraga.

"No quiero investigación. Mi hija ha ido a una misión y lo más importante es la voluntad de Dios. Era su momento", declaró la madre de la joven fallecida, que murió a tres kilómetros antes de llegar a la aldea donde iba a desempeñar tareas de alfabetización a niños y adultos.

Sobre la circunstancias en que ocurrió el suceso, al morir su hija del disparo efectuado por un militar en un control de carreteras cuando viajaba en autobús cerca de Mongomo, la madre de la joven, del mismo nombre, manifestó: "El policía no quería matar a mi hija y le ha tocado a ella como le podía haber tocado a otra persona".

Por su parte, la abuela de la joven fallecida, Aurora Torralba, muy vinculada a la orden de los dominicos, declaró entre sollozos: "Me la han matado". "Cuando uno quiere parar un vehículo tira a las ruedas y no a las personas que viajan en él", agregó sin embargo.

La abuela, que fue consolada por un padre dominico en el domicilio familiar de Ocaña, recibió al fraile con la frase de "¡qué flor tan hermosa vamos a enterrar!", a lo que éste respondió: "El desconsuelo es para los que se quedan aquí porque ella está en un buen lugar".

La joven, muy conocida en el pueblo por sus fuertes convicciones religiosas, al igual que su familia, "iba muy contenta a esta misión" y aunque sus preferencias no estaban en África, pensaba que el "cristianismo está reñido con el racismo", dijo la madre.

Todos los vecinos y amigos de la víctima coincidieron en destacar que Ana Isabel, de 22 años, a era un "chica buenísima, estudiosa, trabajadora y un tipazo de mujer", pues media 1,75 metros de estatura y acababa de terminar sus estudios de Trabajo Social "con muy buenas notas" en la Comunidad de Madrid.

La joven había decidido ir a Guinea en su primer viaje de ayuda humanitaria por sus buenas relaciones con las monjas escolapias de Madrid, con las que mantenía reuniones y con las que había realizado en España "muchas obras sociales" y se animó a hacer esta experiencia con la ONG San José de Calasanz.

Tanto la joven fallecida como su madre pertenecen al movimiento Camino Neocatecumenal Kiko Argüello y era muy conocida en el pueblo por sus convicciones religiosas y por su ayuda a los demás.

La joven fallecida, cuyos padres viven separados, tiene otros dos hermanos, un varón de 17 y otra hermana de 10.

3 de julio de 2003

MADRID.- La cooperante española Ana Isabel Sánchez Torralba murió el martes – 1 de julio de 2003 - por la noche en la localidad de Bata, en Guinea Ecuatorial, y otras dos personas resultaron heridas a causa de los disparos en un control contra el autobús en que viajaba, según informaron fuentes diplomáticas españolas. La familia de la joven ha rechazado que se investigue el suceso.

El incidente se produjo cuando la joven fue alcanzada por un disparo en un control policial a causa de una confusión "lamentable y horrible", según un comunicado emitido por las autoridades de Guinea, en el que se anunciaba una investigación, explicaron las fuentes.

Ana Isabel llegó el martes a su destino en el interior de Guinea Ecuatorial, para ayudar a las Misioneras Escolapias durante un mes. Estas religiosas tienen dos casas en la región continental de Río Muni, una en Bata (la capital) y otra en Aconibe. Una de las chicas se quedó en Bata y las otras dos iban a Aconibe en un autobús de la línea Iberia Bus.

Según la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE), a la altura del poblado de Mbon Ecua llegaron a un control militar de carreteras, detrás de otro vehículo. La barrera se alzó y pasaron los dos, pero los militares se enfadaron alegando que no habían abierto para el autobús. A continuación, hicieron bajar a los viajeros y, sin más incidentes, volvieron a subir y el autobús arrancó.

Entonces, "uno o varios militares" siguieron al autobús en otro coche y le hicieron señas para que parase. Cuando se detuvo, dispararon contra su parte trasera, donde iban las jóvenes españolas, y una de ellas resultó muerta.

Las fuentes consultadas señalaron que sólo se realizó un disparo, que mató a Ana Isabel.

La joven de 22 años, natural de la localidad toledana de Ocaña, era graduada en Trabajo Social y había llegado a Malabo el lunes por la noche, en su primer viaje al extranjero de cooperación internacional, para colaborar en tareas de albafetización de niños y adultos, según ha manifestado su Tío Ismael Torralba.

Los restos de la cooperante permanecen en una morgue de Bata, y a lo largo de la jornada serán repatriados, según Juan Sáenz Heredia, quien añadió se espera una declaración oficial de las autoridades guineanas sobre el suceso.

Las autoridades españolas han desaconsejado a la familia de la joven cooperante toledana viajar a la antigua colonia española, por lo que esperan recibir los restos mortales en el avión que llega a Madrid procedente de malabo hoy a las 6.30 horas.

A las 21.00 horas del miércoles estaba prevista la celebración de una misa funeral por la joven en el salón parroquial de Ocaña.


Carta enviada a la Ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, a raíz de la muerte de la cooperante Ana Isabel Sánchez Torralba en Guinea Ecuatorial

Madrid, a 9 de julio de 2003

Señora Ministra,

Tras la muerte violenta de una ciudadana española en Guinea Ecuatorial, tiroteada por un militar mientras viajaba en un autobús, las organizaciones de la Plataforma por la Democratización de Guinea Ecuatorial abajo firmantes le expresamos nuestro grave pesar y preocupación por lo ocurrido, y le pedimos todo su empeño porque se esclarezcan los hechos y se haga justicia, y por asegurar que algo así no vuelva a suceder.

No obstante, permítanos expresar nuestra profunda desconfianza de que esto sea posible en un país en el que, como usted bien sabe, no existe el Estado de Derecho ni la independencia del poder judicial, la arbitrariedad es un instrumento político en manos de las autoridades y los torturadores disfrutan de la más absoluta impunidad. Todo lo cual quedó bien patente en la parodia de juicio, conocido por todos, que se celebró hace más de un año contra la oposición, y en el subsiguiente encarcelamiento hasta nuestros días de sesenta opositores en condiciones inhumanas.

La muerte de Ana Isabel Sánchez Torralba no es un suceso aislado ni un error involuntario, como quieren dar a entender las declaraciones del Gobierno guineano y las suyas propias, sino consecuencia de una situación que sufren cotidianamente todos los guineanos, sometidos a la agresión y el maltrato por parte de las fuerzas del orden público. Innumerables barreras militares, como en la que perdió la vida nuestra compatriota, salpican el país, limitando la libertad de movimientos y donde los ciudadanos son extorsionados y a menudo vejados por soldados y policías.

El compromiso de España con el desarrollo y bienestar en este pequeño país africano, expresado en los esfuerzos de cientos de españoles que cada año se desplazan allí como cooperantes, no es compatible con la actual política de su Gobierno, que acaba de firmar unos acuerdos comerciales y de condonación de deuda sin exigir la mejora sustancial de las condiciones de los derechos humanos. (Así se lo expresamos en nuestra carta de 12 de junio, para la que todavía esperamos respuesta). Este tipo de apoyo sólo beneficia al Gobierno guineano, responsable de la situación de represión y violencia generalizada, y en poco favorece las posibilidades de la democracia y el desarrollo en Guinea Ecuatorial.

Atentamente le saludan,

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL / IZQUIERDA UNIDA / LOS VERDES / CÁRITAS / COMISIONES OBRERAS / UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES / COORDINADORA DE ONGs PARA EL DESARROLLO – ESPAÑA / COORDINADORA DE ONGD DE CASTILLA-LA MANCHA / PLATAFORMA CULTURA CONTRA LA GUERRA / ACSUR - Las Segovias / ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA / ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA CON GUINEA ECUATORIAL / COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO / FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS / FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD / GRUPO DE ESTUDIOS AFRICANO (UAM) / INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO / MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y LA LIBERTAD / PAZ AHORA / PUEBLOS SIN FRONTERAS

lunes, junio 26, 2006

Formación Inicial y Permanente. Identidad y Pertenencia

Conferencia pronunciada,
en la Asociación de miembros de Congregaciones Generales, por
P. Amadeo Cencini, fdcc
Apuntes personales tomados por
Diego Bernal, sch.P., Asistente General por América
Roma, 17 de junio de 2006.


Introducción:

En la fórmula de profesión solemne se plantea la identidad, la pertenencia y la vida común.

Sentido de identidad y de pertenencia son conceptos no exclusivos de la vida religiosa, lo son también de la psicología. Cencini presenta estos dos aspectos como necesidades vitales de la persona (una forma de una escuela psicológica de leerlos), además los presenta como sentido positivo de la persona.

Es una de las causas de la crisis de hoy, ubicada dentro de las tres necesidades: amor, coherencia, verdad.

La crisis de identidad tiene que ver con la verdad, con lo que está llamado a ser, con la verdad objetiva que no alcanza la verdad subjetiva.

Formación carismática.

El punto de identidad y pertenencia tiene unidad en el carisma con lo intra-psíquico y con lo existencial.

El Carisma es fuente de identidad y fuente de pertenencia.

Dimensiones del Carisma:
Carisma como proyecto del Creador hacia la criatura.
Carisma como valencia humana y psicológica. Por ende, el carisma indica mi propio nombre y la autorrealización personal.
Este Don es don para vivir con quienes viven con el mismo Don y Nombre.
El carisma va vivido hacia los demás
Los contenidos del Carisma son dados por el Padre, que continúa creándolos y están “escondidos en Cristo”. La formación ha de ser carismática, que debe develar estos elementos escondidos.
Elementos de la formación Carismática:
1. Experiencia Mística
2. Camino Ascético
3 Ministerio Apostólico
Las dos polaridades de la maduración del Yo: la identidad y la pertenencia.

LA IDENTIDAD
(como primer proceso descendente: de la identidad a la pertenencia.
Del yo al nosotros)

Si no se responde al sentido de identidad, se vive en permanente disgusto.

No sólo se trata de hacer una búsqueda arqueológica o del contenido del Carisma, sino también en la funcionalidad del mismo que sirva a cada uno, no para nivelar a todos y con lugares comunes en el Instituto inclusive ¡entre Institutos! Se trata de hacer ver cómo al estudiar el propio carisma se ayuda a estudiar y a comprender la propia historia e identidad.

En la Formación Inicial (FI), el Carisma es punto de identidad de la propia persona, y punto de semejanza con Dios. No sólo se trata de identidad de acuerdo con éxitos y fracasos.

Niveles de identidad: corporal (niño), psicológico (identidad), ser (ontológico).

Fenómeno de doble identidad hoy: la carismática y pública y la propia oculta de la autorrealización (mal entendida).

Lo que hace positiva mi identidad y me hace feliz es el Carisma que porto y que me identifica.

Cencini presenta los dones personales como medios funcionales al servicio del Carisma que porto. Cuando el “carisma funcional o de dones personales” es absolutizado se produce el narcisismo. Pues la obediencia, en vista de un bien mayor, me puede llevar a renunciar a los dones positivos (en los cuales me siento bien) para ponerme al servicio del Carisma (renuncio, por ejemplo, al ejercicio de la sexualidad y no a la sexualidad).

No sólo en la FI, sino también en la FP.

Mística:

Al interior de cada Carisma siempre una Teofanía, manifestación del rostro de Dios.

En la Teofanía se revela también una antropología: descubro en el Rostro de Dios mi rostro propio.

Oración: descubrimiento de mi rostro en el Rostro de Dios.

Es Dios que se auto-revela en la Palabra y me revela a mí: rostro, verdad, historia.

De ahí la importancia capital de la oración y la lectura de la Palabra de Dios desde el punto de vista del carisma. Es Formación Permanente (FP).

Hoy los Institutos son vivos si las personas reviven cada día la experiencia fundante que nace descubrimiento de su identidad en la identidad de Dios. Es Dios quien me revela a mí mismo. Es la Teofanía que revela mi antropología.

Evidentemente se ha de tener en cuenta la experiencia profunda del Fundador, en su relación específica con Dios, con pasajes específicos, e incluso con oraciones concretas (sin absolutizar esta últimas).

Me siento atraído de lo que me revela a mí mismo.

Camino Ascético:

Al interior de la Cruz está escondida nuestra identidad.

Jesús nos atrajo cuando fue colgado en la Cruz.

Contemplarlo, exige adaptarse y conformarse en pensamientos, deseos, actos (cognoscitivo, afectivo, comportamental).

Si la mística no lleva a la ascética aquella es vacía y si la acética no lleva a la mística es voluntarismo estéril.

La ascética es el intento de acoger la revelación del rostro de Dios dada en la Mística.

La ascética ha de ser constante y profunda, para no convertirse en acrobacia falsa y para buscar reconocimiento de los demás.

Solo haciendo y transformando en comportamientos el Don recibido (encarnándolo), se hace vivo.

La ascesis ha de estar clara desde el comienzo de la FI. Cada Carisma tiene un proyecto ascético y debe ser claro desde el comienzo. Cada Carisma subraya virtudes, pasajes evangélicos.

Ha de ser claro en la ratio formationis de cada Instituto.

Es una ascesis especial no común, pues se trata de ayudar a descubrir y encarnar el Rostro de Dios y el Propio, en un Carisma Concreto.

Y ha de ser, a su vez, alegre.

Ministerio Apostólico

Cada Carisma responde a necesidades de la Humanidad. Cada Carisma responde, pues a una experiencia mística, que explota y se hace plena cuando tiene un actuar que se desprende naturalmente de la anterior experiencia de Dios y camino de ascesis para vivirlo.

Y ello de manera natural, sin pretender reconocimiento, sin enojarse. Es hermoso el testimonio de Consagrados que viven su Carisma de manera natura, alegre, humilde.

De la Teofanía, de la experiencia mística verdadera nace la necesidad de servicio. Dicho de otra manera: tu necesidad natural o material es mi necesidad espiritual, que me urge desde dentro de ser verdadero y responderte.

La dimensión apostólica es esencial al carisma: un tipo especial de experiencia de Dios, lleva a un tipo especial de servicio.

Es una revelación de Dios que, además sólo se completa en su revelación desde la profundidad del apostolado.

LA PERTENCIENCIA
(como segundo proceso ascendente: de la de la pertenencia a la identidad.
Del nosotros al yo)

La persona que se reconoce perteneciente se experimenta abierto, complementado, enriquecido.

Muy contrario al ver al otro como infierno, como amenaza, y aislamiento infecundo.

Se comprende a sí mismo cuando se comprende perteneciente.

La identidad sin pertenencia lleva al narcisismo y la pertenencia sin identidad lleva a la masificación y dependencia.

Descubrir permanentemente el Yo y el Nosotros (identidad y pertenencia), es tarea de toda la vida, de la FP.

El sentido de pertenencia a un Instituto es verdadero cuando es el sentido de pertenencia al Carisma.

Y pertenecer es decidir vivir con aquellos concretos con dones y debilidades que tienen un proyecto carismático común y de quienes lo portan.

Pero aquí también se ha de hacer el camino formativo del Nosotros al Yo y aquí es la Comunidad la que gestiona el Camino Místico, Ascético y Apostólico.

Aquí el Nosotros Carismático hace el servicio de ayudar a descubrir el Yo.

Mística:
La espiritualidad es la revelación no sólo del Yo, sino del Rostro común y de la relación.

Aquí se encuentran las raíces profundas de relación entre los miembros, por encima de motivaciones sensibles o ideológicas (los lazos de ser).

Se descubren semejanzas asombrosas y profundas con sus Hermanos.

Con sus Hermanos camina en la búsqueda del Rostro de Dios, de Experiencia de Dios, propia del Carisma.

Es en la espiritualidad donde nace la fraternidad, y no la individualidad, ni la cerrazón, ni el adocenamiento.

Es el misterio de la Identidad Común, del lugar Común santo, de la Tierra Santa.

Si la Comunidad no comparte la experiencia mística, es un individualismo espiritual. Esto no es una simple metodología, es un Don de Dios para ser compartido con los Hermanos. Es pues una contraditio in terminis hablar de espiritualidad privada (ver Documento Vida Fraterna en Comunidad).

La comunión y vínculo de fraternidad nace de la comunión y compartir de los dones del Espíritu, no sólo la casa, la comida, el comedor, la capilla....

La Iglesia y la sociedad necesitan de ello, de ver comunidades de diferentes nacionalidades compartiendo experiencia de Dios, vida, alegría, apostolado. Es la santidad comunitaria, la Iglesia necesita comunidades santas.

Camino Ascético

La comunidad colectiva que consiente pasar del Yo al Nosotros se define en las Constituciones y Reglas, ellas son el Proyecto de cómo vivir en cada etapa de la vida.

La ascesis consiste en acoger y optar por el Proyecto de la Constituciones o Reglas como manera común de vivir, de pensar en común y de tomar decisiones comunes.

Impide el fenómeno de los que van por libre, que es la forma moderna de desobediencia, antes era más contestataria. Hoy es más ligth, cuando cada uno va como rueda suelta y a su aire. Religiosos no identificados con nada ni con nadie, y por ende no identificables existencialmente.

Misión Apostólica:

Es una manera específica y precisa de vivir, orar, trabajar y hacer. Es una misión de estilo comunitario que sabe que el apostolado no es suyo, que no es una pasarela de moda, para ser visto por otros y recibir aplausos, sino que quien obra, obra en nombre de todos y con todos.

Se tiene conciencia de que es la Comunidad que le ha transmitido un estilo, que hay otros que lo mantienen en la oración y sacrificio, o con humildes trabajos.

Nunca podremos pagar la cuenta de los dones recibidos en Comunidad.

El apostolado nutre el sentido de pertenencia y el regalo de los dones regalados por Dios.

Por ende, identidad y pertenencia se llaman la una a la otra, sea a nivel personal o sea a nivel comunitario, sea a nivel de Yo como del Nosotros.

El singular que se entrega a la Comunidad real con sus debilidades y fortalezas, percibe que es el grupo y el lugar donde es acogido con sus dones y pecados. A su vez, en la profesión religiosa, cada persona está a cargo del desarrollo de los hermanos y del acoger el pecado de los hermanos.

Esta sería la FP, que está muy lejos de ser vivida en nuestros Institutos a pesar de los directorios, pues se trata de vivirla en los tres registros: cognoscitivo, afectivo y comportamental, en lo personal; además de ser vivida como un clima cultural normal de crecimiento, en el nosotros.

CONCLUSIÓN:
En este camino descendente de la Identidad a la Pertenencia y ascendente de la Pertenencia a la Identidad se unen indisolublemente la FI Y FP, construyendo la “personalidad carismática”.

miércoles, junio 21, 2006

La Libertad de Enseñanza - Varios

AUNQUE NO TODOS VIVÍS EN GRANADA,
Y ES MUCHO EL CONTENIDO QUE OS REMITO
PERO EL TEMA DE
LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
NOS DEBE INTERESAR A TODOS.
(Manolo R. Espejo)


Asunto: (Educación) Concertada en el PERIÓDICO "Ideal" de Granada
Importancia: Alta

Se adjuntan dos artículos recientes, publicados en el Ideal de Granada, sobre el tema de la Enseñanza Concertada y que varias entidades convocantes lo han solicitado.

Hay que seguir impulsando la difusión de los motivos de la concentración, ya que no podemos permitir este cambio de sociedad que se pretende, sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. Y muchos ciudadanos no tienen ni idea de lo que nos jugamos.

Por si alguien no está curado de espanto todavía, se adjunta el documento confeccionado por Profesionales por la Ética, sobre la “Educación para la ciudadanía”.

Se ruega la difusión de estos documentos para que lleguen al mayor número de ciudadanos posible para que puedan opinar con LIBERTAD.

Particularmente creo que en los próximos días habrá profusión de artículos en dirección totalmente opuesta y buscando el enfrentamiento con la Enseñanza Pública.

Saludos cordiales y muchas gracias,
Blanca


Publicado en el Ideal de Granada el día 21 de junio de 2006 (páginas 24 y 25)
DEL DINERO PÚBLICO Y LA LIBERTAD DE ELEGIR CENTRO
Manuel Rodríguez Espejo
Presidente de Fere-Ceca y Educación y Gestión

La Federación representante de los colegios concertados, Fecapa, y el Foro de la Familia convocaron hace días una concentración ante la Delegación de Educación y tienen anunciada otra para el 28, esta vez con el apoyo de las dos Patronales del Sector, Sindicatos y varias Asociaciones. Entienden los convocantes que no se está respetando la libertad de elección, que proclaman nuestra Constitución en su artº 27, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España (artº 13) y la Resolución del Parlamento Europeo de 18 de marzo de 1984, entre otros documentos.

Es evidente que la libertad de elección de centro no es posible sin la gratuidad y ésta sin los conciertos. Comprendo que la política educativa de un gobierno es algo muy complejo, pero yo me pregunto:

1º) ¿De quién es el dinero público con el que se está pagando la educación española? ¿del Gobierno o de los ciudadanos?. Y en este caso, ¿de todos los ciudadanos o sólo de aquéllos que prefieren centros públicos?.

2º) ¿La existencia de Centros privados concertados es una concesión que hace el gobierno de turno a la sociedad o un derecho de la ciudadanía?.

3º)¿Qué educación está saliendo más barata (no hablo de calidad, para no ofender a nadie), la pública o la concertada?.

4º) ¿No está todo gobierno obligado a sacar al dinero público –al dinero de todos los ciudadanos- la mayor utilidad posible?.

5º) ¿Sería un derroche económico cerrar aulas, que no tienen solicitantes, recolocando a esos profesores, al par que se abren aulas concertadas, a las que sobran solicitantes?.

Sra Delegada, sindicalistas de la pública y padres de la Fapa-Alhambra: ¿qué culpa tienen algunos colegios muy solicitados de que otros (públicos o privados) no tengan solicitudes?

Los padres/madres con hijos de tres años que han elegido la enseñanza pública tienen garantizada su plaza, ¿por qué penalizar a quienes han optado por centros concertados? ¿no somos todos ciudadanos de la misma categoría, que pagamos los mismos impuestos?. Hay quien piensa que cada año se deberían concertar tantas aulas como fueran necesarias y quitarles el concierto cuando ya no tengan solicitudes. Pero así, la estabilidad de los centros y de sus correspondientes profesores y empleados no-docentes peligraría.

Es claro que el deber del Gobierno, y en nuestro caso de la Junta de Andalucía, no es garantizar a todos los ciudadanos una plaza para sus hijos… en la pública, sino donde cada uno quiera. ¿No ganaríamos mucho si los profesionales de la educación fueran evaluados anualmente por la demanda social?.

Pues bien, desde la concertada granadina presentamos estas peticiones:
1) Que ninguno de los niños/as de cinco años quede fuera de su centro al iniciar 1º de Primaria. Los pocos casos que se han dado este año están aún sin solucionar, cuando en cursos anteriores se encontró solución dialogada.

Pensemos en los trastornos de un niño de cinco años que después de tres cursos con los mismo compañeros tiene que marchar a otro centro. Se ha dado incluso algún caso de tener que abandonar ese niño/a de cinco años “su” colegio, incluso teniendo otros hermanos en él.

2) Que los centros que tienen autorizadas tres aulas de 3 años y han recibido solicitudes suficientes para ponerlas en marcha, obtengan el concierto. El problema se agrava por la sospecha de que la negación sea una maniobra de la Junta para reducirles, en un futuro no muy lejano, las tres líneas de Primaria y Secundaria que tiene concertadas desde el inicio de los conciertos. No es correcto -Sra Delegada, Sindicatos de la Pública y Fapa-Alhambra- desestimar la petición “porque quedan plazas en los colegios públicos”.

3) Que no se quite el concierto a ninguna aula que lo tuvo el curso anterior y mantiene su alumnado. Se ha dado el caso sangrante este año de cerrar un aula de cuatro años, que ha venido funcionando hasta ahora. Siendo el Concierto todavía económicamente insuficiente (porque el módulo por aula no cubre los gastos generales del personal no docente, limpieza, luz, teléfono, etc) es la única posibilidad de supervivencia.

La legislación vigente obliga a concertar con los centros que cumplan los requisitos legales, pero la Junta no se siente obligada a cumplir la legislación. ¡Bonito ejemplo!. ¿Qué pueden hacer los particulares ante los atropellos de los gobernantes?: ¿“aguantarse”, como cuentan los que se han entrevistado con la Delegada que les ha dicho textualmente?...

4) Que no discrimine la Junta a los alumnos, padres y profesores de la concertada a la hora de convocar cursillos formativos para padres y profesores; subvenciones para actividades; o la homologación del salario de nuestros docentes, prometida hace ¿cuántos años?.

¿No son, la Junta y su Delegada, responsables, por igual, de todo el sistema educativo andaluz?. Entonces ¿por qué estas discriminaciones?. La última ha sido la carta que la Sra Consejera ha enviado a todos los profesores de la pública y a ninguno de la concertada.

La Sra Delegada piensa que hay un problema de concepto por parte de los padres acerca del derecho a la libre elección. No, Sra Delegada, “el problema de concepto” lo tiene usted: el derecho a la libertad de elección no se anula por la existencia de plazas libres en la pública. Son dos cosas distintas y a usted le toca salvaguardar, también, la primera. No se refugie en que la mayoría de los padres que no han obtenido el colegio que señalaban en primer lugar han ido al segundo que habían elegido: “eligen” un segundo y un tercero porque no les conceden el que desean. No se trata de garantizar una plaza en cualquier centro. Eso no es libertad de elección.

Nos duelen las palabras que dicen algunos representantes sindicales: insinúan que estas reclamaciones de la concertada se tratan de un conflicto de intereses que trasciende el ámbito académico y lo califican como . Exigimos que los sindicalistas aludidos se retracten públicamente, para que no tengamos que decir aquello de “piensa el ladrón que todos son de su condición”…

Para terminar: amigos de Fapa-Alhambra, nosotros tenemos claro que sí es de recibo y de derecho ampliar conciertos habiendo plazas libres en la pública.



Ideal de Granada, 20 de junio de 2006 (página 68)
Desde el atrio
POLÍTICA, OBISPOS, COLEGIOS
Jesús Blanco Zuloaga

AUNQUE leyendo el título pueda parecerlo, no voy a hablar en este comentario de las conversaciones sobre la enseñanza que se están manteniendo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal. Es mejor dejarlos hablar sin interferencias. No. De lo que quiero hablar hoy; antes de que pierdan actualidad, es de dos temas surgidos en las últimas semanas en Andalucía y en Granada: la opinión de los obispos sobre el Estatuto y la manifestación promovida por cuatro colegios concertados.

Los obispos de las diez diócesis andaluzas, en su última reunión, publicaron una nota sobre el Estatuto de Andalucía que se está discutiendo en el Parlamento. Lógicamente, es una nota destinada principalmente a los fieles, para que conozcan la opinión de sus obispos. Esto podría parecer lo más normal del mundo. Pero, no señor: enseguida ha surgido la catarata de protestas. Es curioso: si Felipe González dice que no entiende lo de realidad nacional, nadie dice nada; si habla el político de otro partido, se le discute pero se acepta que hable; pero, si hablan los obispos, se multiplican las voces pidiendo que se callen, porque -es la acusación más extendida- se están metiendo en cuestiones políticas. Es curiosísimo, pero esa era la acusación que se hacía en el franquismo cada vez que un cura o un obispo decía cualquier cosa que no agradaba al régimen.

Seguimos igual: se sigue negando el derecho -y el deber- de dar juicios morales sobre lo que pase.

El propio presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo -hablando, eso sí, respetuosamente-- que, si los obispos entran en el juego político, tendrán que atenerse a las críticas. Ingeniosa pero discutible frase. En primer lugar; la gran mayoría de los temas tratados por los obispos en la nota que estamos comentando son claramente temas morales como la familia, la enseñanza de religión, etcétera; pero es que incluso el tema de la 'realidad nacional' tiene aspectos morales, puesto que los diez mandamientos y la fe cristiana nos comprometen a respetar a los gobernantes y a las leyes, a cooperar en el bien común, a colaborar en las buenas relaciones de los andaluces entre sí y con los demás españoles. Y por cierto, en democracia, aportar opiniones es una forma de colaborar. No hay razón, por tanto, para asegurar que la nota de los obispos es entrar en política. Pero lo que tiene su punto de humor es decir que, si entran, los obispos tendrán que atenerse a las críticas: ¿más críticas aún, además de las que continuamente soportan de tantos políticos, laicistas, comentaristas y en muchas ocasiones, de las comunidades populares?

¿Alguien ha de aguantar más?

Por otro lado, todo el mundo sabe que lo normal es que los colegios concertados tengan una demanda superior a los puestos escolares de que disponen y por tanto, muchos alumnos no pueden acceder al colegio de su elección. Pero la Administración pone dificultades para concertar más aulas. Cuatro colegios granadinos se han manifestado pidiendo que se aumenten. Y por supuesto, no han faltado las reacciones: con más ideología que argumentos.

La delegada provincial de Educación ha dicho: «La Constitución respeta el derecho a elegir centro, pero mediatizado por la estructura del sistema». O sea, que el derecho a elegir es una teoría constitucional, pero, en la práctica, la estructura del sistema la mediatiza o, como en este caso, la impide. Algunos sindicatos se oponen a conceder más plazas concertadas porque hay vacantes en colegios públicos de otros barrios.

O sea, que, además de privarles de su derecho a elegir centro, a estos alumnos se les obligaría a ir a un colegio de un barrio distante; por otra parte, parece que a estos sindicatos no le interesan los profesores de la enseñanza concertada, solo los de la pública. Una federación de padres de alumnos (la FAPA) defiende la escuela pública diciendo que es para todos los niños y que se financia con dinero de todos los españoles: no entiendo estos argumentos, porque también la escuela concertada es para todos los niños y se financia con dinero de todos los españoles; pero con la muy importante diferencia de que el puesto escolar en la concertada es muchísimo más barato (casi la mitad) que en la pública. ¿Porqué oponerse a la más solicitada y barata?



PROFESIONALES POR LA ÉTICA
ÁREA DE ESTUDIOS


INDICE

I. - Introducción.
II - La propuesta de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES.
III -Una falsa neutralidad moral que encubre una imposición
IV -ideológica.
V - Repensando la “Educación para la Ciudadanía”.

I.- Introducción

Una de las novedades de la reforma educativa impulsada por el Gobierno actual consiste en la introducción, en el sistema educativo español, de una asignatura denominada “Educación para la Ciudadanía”. Así, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica de Educación, aprobado en Consejo de Ministros y re-mitido al Congreso de los Diputados, se resalta lo siguiente:

“Ocupa un lugar relevante en la relación de principios de la educación la transmi-sión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.(…)

En lo que se refiere al currículo, una de las novedades de la Ley consiste en situar la preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta educación que, con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades de los alumnos, se im-partirá en algunos cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios establecidos en la Constitución española y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global. Sin entrar en contradicción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal a todas las actividades escolares, la nueva materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos.”

En consecuencia, a lo largo del articulado del mencionado Proyecto de Ley Orgánica, se introducen referencias a la “Educación para la Ciudadanía”. En este sentido, a la hora de establecer los objetivos para cada nivel educativo, el Proyecto de Ley Orgánica de Educación menciona siempre, en primer lugar, los relacionados con esta nueva materia. Sin entrar a analizar en profundidad el Proyecto, podemos observar cómo el primer objetivo de la educación primaria consiste en “Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar el pluralismo propio de una sociedad democrática” (art. 17 a). En el caso de la educación secundaria es “desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacida-des que les permitan:

a.- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática” (art. 23). Fi-nalmente, para el Bachillerato se propone como primer objetivo “desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

b.- Ejercer la ciudadanía democrática y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos” (art. 33).

Esta importancia dada a la “Educación para la Ciudadanía” es completamente novedosa en nuestro sistema educativo. Tanto que, en su Dictamen en relación con el Anteproyecto de la norma que venimos comentando, el Consejo de Estado subrayó que se veía obligado a “llamar la atención, por deducción del conjunto de la lectura del texto, sobre el hecho de que el propósito innovador en algunas cuestiones (educación para la ciudadanía, educación en la igualdad (…) ha llevado a que estas materias resulten sobreenfatizadas por su reiteración constante tanto en la exposición de motivos como a lo largo del articulado”.

Es más, a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, “parece como si esta innovación constituyera toda la esencia del sistema educativo cuando la realidad es que se trata de orientaciones nuevas, muy loables, pero que no deben dejar en segundo o últimos planos cuestiones tan esenciales como lo son la simple pero evidente necesidad de que el sistema educativo transmita conocimientos objetivos de las humanidades, artes y ciencias”, llegando a la conclusión de que “además, hay elementos como por ejemplo la educación en el mérito y la capacidad individual, que es el baremo por el cual los estudiantes van a acceder al mundo profesional, laboral o adulto en general (desde luego, así lo impone la Constitución al menos para el sector público), que no aparecen mencionados ni una sola vez”.

En este contexto, y con la intención de dotar de contenido a esta sobreenfatizada referencia a la educación para la ciudadanía y la igualdad, la Cátedra de Laicidad y Libertades Públicas Fernando de los Ríos” de la Universidad Carlos III, en colaboración con la Fundación Educativa y Asistencial CIVES, ha presentado un documento con una propuesta sobre la citada asignatura.

En el presente Informe pretendemos subrayar las principales objeciones que cabe realizar a la propuesta citada, que a nuestro entender y caso de ser atendida por el Gobierno, implicaría una importante ideologización del sistema educativo español.

II. La propuesta de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES.

Para los autores del documento, “Educar cívicamente es desarrollar la idea de que todos somos sujetos de derechos y de deberes como conciudadanos de un mismo país y protegidos por las mismas leyes del Estado de Derecho”. Ahora bien, a la hora de concretar los contenidos de esta educación cívica, parten de la afirmación de que en España nos encontramos en una situación caracterizada por un gran pluralismo religioso y moral.

Además, el proceso de secularización de la sociedad española, en su opinión, con-lleva que aumenten las propuestas morales independientes de las religiones (aunque a nuestro juicio quizá sería más adecuado hablar de propuestas morales sin fundamento religioso, que no es exactamente lo mismo).

Esto determina que, a juicio de los autores del documento, “están en circulación una pluralidad de códigos morales diferentes, lo que conlleva el que ninguno de ellos sea universalizable”.

Este pluralismo moral debe ser compatible con la existencia de un sustrato axiológico para la vida social, por lo que la propuesta consiste en hallar un “mínimo común ético como obligatorio para todos y como parámetro de valoración de los demás valores diferenciales, legítimos y merecedores de todo respeto siempre que no entren en contradicción con ese mínimo común”.

Para conseguir esto, se distingue en el documento entre moral privada y moral pública. La moral privada queda a lo que propongan las diversas comunidades religiosas o ideológicas presentes en nuestra sociedad, mientras que la moral pública debe consistir en ese mínimo común ético acogido por el Derecho de un Estado regido por criterios de laicidad. Así, “entre las reglas de convivencia debe destacarse la laicidad como principio informador del ordenamiento y de la acción del Estado, de las instituciones públicas y de quienes actúen en su nombre”.

De esta forma, continúan los autores, se consigue integrar el respeto a todos los códigos morales presentes en la sociedad, pues en el ámbito público ninguno de ellos gozaría de privilegio alguno.

Por lo que se refiere a la posible objeción de que este mínimo común ético contradiga los principios morales de alguno de los grupos presentes en la sociedad, el documento precisa que “La contradicción sólo puede darse en el ámbito de las normas imperativas, no en el de las normas permisivas. Sólo se da contradicción cuando y si la moral pública impone como obligatorias conductas confesionalmente prohibidas o como prohibidas conductas confesionalmente obligatorias”. Esto es, cuando la moral pública choca directamente con lo establecido por una moral privada. Como veremos más adelante, esta propuesta es cualquier cosa menos neutral.

En otro orden de cosas, en esta tarea de formar a los futuros ciudadanos el documento subraya que “la escuela pública es la única con legitimidad y con mecanismos de neutralidad y de garantías para aceptar el pluralismo moral, cultural y religioso que se deriva del hecho multicultural”, bajo el presupuesto, claro está, de que “la escuela pública debe ser laica”. Esta educación laica, además, está en condiciones de afrontar los retos derivados de la inmigración. Como señala el do-cumento, “una educación ético-cívica que aproveche el caudal de riqueza humana y cultural que aporta la inmigración es todavía posible y necesaria en nuestro país”.

Gracias a prescindir de la religión en la conformación de la moral pública, es posi-ble formar en los valores de la ciudadanía democrática respetando la autonomía y la libertad, por lo que no hay –en opinión de los autores del documento- vulneración por parte del Estado de su obligación de neutralidad.

En consecuencia, y partiendo de los principios que hemos resumido en las páginas anteriores, el documento procede a detallar una propuesta de “Educación para la Ciudadanía” en cada una de las etapas educativas, con epígrafes tan sugestivos como “Actitud dialógica”, “Horizonte de una ética laica”, o “Ética, política y religión”.

Ahora bien, a la vista de lo señalado, ¿cabe sostener que la propuesta de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES es realmente neutral? O por el contrario, ¿no estamos más bien ante un intento de ideologizar la enseñanza e imponer una “moral de Estado”?.

A juicio de Profesionales por la Ética, la propuesta que venimos comentando implica, en efecto, imponer, en la enseñanza pública y bajo capa de neutralidad, la ideología laicista.

III. Una falsa neutralidad moral que encubre una imposición ideológica.

El documento con la propuesta de contenidos para la asignatura “Educación para la Ciudadanía” opta por la ideología laicista, pretendiendo que el sistema educativo forme a los escolares en esta visión del mundo.

Si bien la defensa de esta ideología está amparada por la Constitución, siendo plenamente legítima la propuesta de la misma al conjunto de la sociedad, en nuestro ordenamiento no hay espacio para incluirla en la ordenación del sistema educativo. En las páginas que siguen aportaremos los argumentos por los cuales puede sostenerse que la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES utilizan un concepto equívoco de neutralidad con el fin de imponer sus valores a los escolares.
a- La propuesta de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES parte del des-conocimiento de la realidad social española. Como hemos puesto de manifiesto en el Epígrafe II de este informe, el documento que venimos comentando parte del pluralismo moral presente en nuestra sociedad, pluralismo que trae causa –según los autores del citado documento- del pluralismo religioso e ideológico de la Espa-ña de inicios del siglo XXI.

Por estos motivos, en el documento se incluyen numerosas referencias dirigidas a expulsar el hecho religioso tanto de la escuela como del espacio público en general. Así el documento señala que “nuestra sociedad está en gran medida secularizada y una gran mayoría de la población no practica ya el catolicismo, además de observarse unas prácticas morales muy alejadas de la doctrina oficial de la Iglesia”, lo que origina un “confinamiento de la religión en el culto y la indiferencia ante el hecho religioso: la palabra Dios carece de significación real, es una voz sin sentido que no afecta para nada a la vida de la mayoría de los ciudadanos en nuestra sociedad y la llamada “práctica dominical” no llega en España ni al 15% de la población juvenil”.

Ahora bien, estas afirmaciones –realizadas sin base científica- contrastan con un dato que se repite año tras año, según muestran las estadísticas del Ministerio de Educación. En la enseñanza primaria y secundaria del orden del 80% de los padres matriculan a sus hijos en la asignatura de religión católica, porcentaje que es del 60% en Bachillerato. La realidad desmiente el prejuicio laicista del documento comentado.

Es más, cuando se señala que asistimos a una “pérdida del sentido religioso en la sociedad y el cambio hacia un pluralismo moral independiente de las religiones”, el documento incurre en una tremenda contradicción. Por un lado, a la hora de justificar la necesidad de la introducción de esta asignatura se hace eco de la ne-cesidad de formación moral en la escuela, por los problemas de convivencia que se están dando en la misma. Por otro, dice que tenemos un pluralismo moral independiente de las religiones.

A nuestro entender, una aproximación libre de prejuicios (verdaderamente crítica, por tanto) lleva a considerar, cuando menos como hipótesis, que pueda existir al-guna relación de causalidad entre esa pérdida del sentido religioso y el preocu-pante aumento de conductas incívicas en el ámbito escolar.

Parece que el proyecto de transformación ideológica pesa más que la atención a los problemas concretos de la sociedad española.

b) La propuesta de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES parte de un concepto reduccionista de la razón, que hace imposible la experiencia educativa.

La propuesta que realiza el documento objeto de análisis parte de la oposición radical entre razón y hecho religioso, entre conocimiento científico y argumenta-ción moral con presupuestos religiosos.

Esta oposición es especialmente sorprendente cuando la propia propuesta de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES no puede dejar de dar cuenta de la universalidad del hecho religioso, tanto a lo largo de la historia como en todas las culturas humanas.

Si lo propio de la razón es una apertura a la realidad sin despreciar de antemano ninguno de sus factores, excluir de la razonabilidad una experiencia humana uni-versal, como es la religiosa, implica mutilar la razón, al menos en lo que se refie-re a la argumentación moral. Una razón que renuncia a conocer parte de la reali-dad no puede convertirse en paradigma de conocimiento científico.

c) La propuesta de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES utiliza un con-cepto engañoso de la neutralidad.

Tras constatar –sin demostración alguna, por cierto- que en la sociedad española conviven una pluralidad de códigos morales, el documento comentado propone la asunción por el Derecho y el sistema educativo de un mínimo común ético, mínimo que debe convertirse en “parámetro de valoración” del resto de códigos morales.

Este razonamiento esconde que, en la práctica, ese mínimo común ético constituye a su vez un código más de los múltiples que –según el documento- están presentes en la sociedad española.

Constatar la diversidad de criterios morales para después optar por uno como neutro es cuando menos engañoso.

Lo mismo cabe decir de la acusación de heteronomía a la moral inspirada por una religión o que asume el código moral de una confesión determinada, frente a la autonomía de una moral no trascendente. Salvo que consideremos que la única ética autónoma es la que cada sujeto se da a sí mismo por completo (cayendo por tanto en el subjetivismo y relativismo moral), la ética laica también puede ser heterónoma, en el sentido de que depende de la propuesta de terceras personas: la escuela, la comunidad de “argumentadores razonables libres de prejuicios”, etc. Este concepto reduccionista de autonomía eleva a categoría moral el capricho in-dividual arbitrario.

Aun cuando la propuesta tenga origen fuera del sujeto (ya sea con fundamento religioso o no) es la aceptación libre del sujeto de la propuesta moral lo que la califica de autónoma. Pero esta aceptación libre está en la base tanto de la moral confesional como del mismo acto de fe.

d) La propuesta de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES niega el plura-lismo educativo querido por la Constitución.

Tras afirmar que “la escuela pública debe ser laica” o que debe tenderse a la “su-presión de todas las clases de religión confesional del curriculum de la escuela pública”, el documento sostiene que “la escuela pública es la única con legitimidad y con mecanismos de neutralidad y de garantías para aceptar el pluralismo moral, cultural y religioso que se deriva del hecho multicultural”.

Ahora bien, la doctrina jurídica es unánime al considerar que la inclusión en el apartado 1 del art. 27 de la Constitución tanto del derecho a la educación como la libertad de enseñanza, el constituyente ha querido un modelo educativo plural, en el que convivan escuelas de titularidad estatal y escuelas de iniciativa social. No sólo ambas redes escolares gozan de idéntica legitimidad, sino que hay razones de peso para sostener que la pluralidad queda mejor garantizada por las escuelas de iniciativa social, en la medida en que a través de las mismas los padres pue-den ejercitar su derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

El Tribunal Constitucional ha dicho que lo propio del Estado social es que los fines públicos se consiguen con la cooperación Estado-Sociedad. En educación esto es muy claro, con el reconocimiento de la libertad de enseñanza, que implica la negación del monopolio educativo del Estado. Así, no puede decirse que la escuela pública sea la única con legitimidad para formar en la ciudadanía.

e) La propuesta de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES confunde Estado y Sociedad, queriendo aplicar a ésta categorías propias del Estado.

Así, si bien es cierto que el Estado debe ser neutral, especialmente en materia educativa (según ha establecido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 5/1981), la sociedad es plural. Por tanto, encargar al Estado – por medio de su sistema educativo- que oriente su actuación a conseguir una sociedad civil plenamente laica (léase, sin presencia pública de las convicciones religiosas de los ciudadanos) implica que el mismo Estado deje de ser neutral. Una cosa es la aconfesionalidad (evitar la mezcla de las esferas religiosas y políticas, como ha dicho el Tribunal Constitucional), y otra pretender que el Estado trabaje para que desaparezcan las convicciones religiosas (o sus expresiones públicas) de la sociedad.

El art. 16.3 de la Constitución señala expresamente que los poderes públicos ten-drán en cuenta las creencias de la sociedad española. La propuesta del documento comentado lleva a la curiosa interpretación de este precepto conforme a la cual los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias de la sociedad española para que ésta deje de tenerlas.

En el Ordenamiento constitucional español se admite la cooperación del Estado con Iglesias y Confesiones religiosas. Los poderes públicos, en suma, tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Son palabras literales de la propia Constitución (art. 16.3). No se instaura un Estado laico, en el sentido francés de la expresión, propia de la III República, como una organización jurídi-co-política que prescinde de todo credo religioso El Estado se configura en una sociedad donde el hecho religioso es componente básico.

IV. Repensando la “Educación para la Ciudadanía”.

Con carácter previo, queremos subrayar que el civismo es consecuencia de una buena educación. Por tanto, antes que introducir una asignatura nueva, a nuestro entender es urgente el restablecimiento de las condiciones que permiten educar: importancia de los contenidos (como recordaba el consejo de Estado en su Dic-tamen al Anteproyecto de la Ley orgánica de Educación), restaurar la autoridad del profesor, garantizar la libertad de los padres, etc.

Dicho esto, desde Profesionales por la Ética consideramos que una correcta “Edu-cación para la Ciudadanía” debe incluir referencias a los siguientes valores:
• Debe subrayarse la importancia que hoy reviste la promoción de una auténtica cultura del diálogo, que para ser tal debe partir de la distinción entre diálogo y debate según las siguientes características:
o la no necesidad de que un diálogo acabe en consenso;
o el amor a la verdad como presupuesto básico de toda actitud dialógica. Si la verdad no existe, o es imposible encontrarla, ¿para qué dialogar?. Toda discusión es una búsqueda cooperativa de la verdad (a menudo, de la verdad práctica, es decir, de la mejor solución a un problema);
o la capacidad de escucha, que supone una actitud de respeto y gratitud;
o la confianza, que presupone ver al otro como capaz de verdad: de conocerla, de decirla y de vivirla, en definitiva, de “profesarla” (de ahí viene la palabra “profesor”)

• el respeto (que sólo tiene sentido en relación a una realidad extramental, que no depende enteramente de mí y, desde luego, que yo no he “construido”);

• la lealtad (que no sólo es a uno mismo, y que no se deriva sólo de un pacto so-cial: el principio pacta sunt servanda no es, a su vez, pactable);

• la gratitud y la indulgencia, especialmente básicos para la ciudadanía y muy desatendidos en el contexto sociocultural actual.

Ambas son categorías esencialmente “religiosas” en sentido estricto: presuponen el hecho de que uno tiene raíces que merecen homenaje, y son respuestas morales al “saberse en deuda”. Se habla demasiado de independencia, autonomía, individualismo, consumismo, etc., y muy poco de esto, que es esencial para mantener una relación significativa con los demás.

La pérdida del sentido de la culpa lleva consigo la ficción de que cualquier opinión o práctica es esencialmente buena sólo para quien la tiene por tal. Eso es falso y autoengañoso. Los profesores con oficio, y los padres, saben que tienen que enseñar a estas dos cosas: dar gracias y pedir perdón. Sin eso la convivencia ciudadana es imposible, pues uno está fuera de la realidad. Por otro lado, estas dos actitudes apelan a experiencias universales, significativas para todos (extraídas del ethos del mundo vital) y no dañadas todavía por la sofística vacía de contenido. El problema que tienen las ideas de “tolerancia”, “democracia”, “autoestima” es que resultan ya muy poco significativas, por la fatiga demagógica a la que están sometidas, que ha hecho que a base de significarlo todo o casi todo (lo que se puede decir sobre ética) acaban por no significar nada o casi nada.

• La tolerancia y la democracia (de las que hay que hablar, por supuesto, en la educación cívica) sólo tienen sentido como “valores” sobre un trasfondo moral distinto, y cuando se han dicho –afirmativamente- otras cosas antes. Quien piensa que lo único que se puede decir en ética es que hay que ser demócrata y tolerante, no le hace ningún buen servicio a esas dos cosas. Ambas tienen sus límites, hoy frecuentemente desapercibidos.

• La ética pública está muy bien, pero resulta ficticia si se la piensa hipostática-mente separada del tenor individual de las conductas, o de lo que algunos, como es el caso del documento de la Universidad Carlos III y la Fundación CIVES, llaman “moral privada”. Ni la ética ni la religión pueden “privatizarse”. Ambas son argumento ineludible de la reflexión y de la conversación humana y esa conversación constituye, por cierto, la esencia misma de la vida ciudadana.